UES/AGEFMO/OPINION UNIVERSITARIA: Estado de sitio en la Universidad de Puerto Rico

Estado de sitio en la Universidad de Puerto Rico

Brutalidad policial, arrestos arbitrarios, militarización del espacio público, violación a los derechos civiles y falta de diálogo son las respuestas desmedidas que ofrece la Administración de la Universidad de Puerto Rico, la Policía Estatal y el Gobierno en la segunda huelga de la UPR de este año.

La imposición de $800 de cuota en el alza de la matrícula, efectiva desde el 11 de enero, levantó nuevamente al movimiento estudiantil a denunciar una lucha que nunca terminó para ellos. Esta vez la desobediencia civil ha sido la estrategia escogida por la comunidad estudiantil que se apostaron en los diferentes portones del Recinto de Río Piedras, sentándose en el suelo en forma de cadena impidiendo el paso de coches. Desde el 19 de enero, fecha de inicio de los actos de desobediencia civil, han sido arrestados unos 200 estudiantes.

Pese a que existe un protocolo de desobediencia civil donde todo tipo de uso de fuerza y/o violencia es injustificada, los efectivos de las fuerzas de choque están desplegando toda su brutalidad contra los desobedientes. Gamelyn Sierra dio testimonio de su arresto: "Me golpeaban en repetidas ocasiones y yo, como cualquier otra persona, trataba de soltarme y correr. No fue hasta que me hicieron una llave, que casi me arranca el brazo izquierdo y me ahorca, que me pidieron que me dejara arrestar. Aún tengo el cuello lesionado. ¿Por qué? ¿Cuáles son los delitos que se me imputan?” -le pregunté a los oficiales-. La salvaguarda constitucional fue tal que no supe qué delitos se me imputaban hasta las doce de la noche del viernes. Cabe mencionar que me arrestaron el jueves a las dos de la tarde, junto a un compañero que fue detenido al interceder por mí ante los oficiales”. La prensa del país está recogiendo la evidencia de unos arrestos ilegales, desproporcionados contra el movimiento estudiantil y diferentes sectores de la sociedad civil que se han solidarizado con la lucha.

Y estas acciones de solidaridad le han perseguido al presidente puertorriqueño hasta Valladolid. Un grupo de estudiantes protestaron el día 21 de enero contra las políticas públicas del gobernador Luis Fortuño. Como parte de una misión comercial, Fortuño asistió al homenaje que le hicieron a Juan Ponce de León, primer gobernador de la isla, en su ciudad natal.

Los estudiantes puertorriqueños interrumpieron el discurso de Fortuño gritándole consignas y recordando los arrestos en la UPR. Y repartieron un boletín sobre la situación del país en el que denuncian los abusos de la actual administración contra miles de trabajadores que fueron despedidos por la Ley 7, el desmantelamiento de la educación universitaria y la alarmante cifra de asesinatos y delitos que se eleva a 91 en lo que va de año.

Así mismo, repudiaron las expresiones hechas por Fortuño en El País donde “contrario a lo que afirma, Puerto Rico no es Estados Unidos. Nos reafirmamos en que Puerto Rico es una nación con su propia cultura e identidad y eso no está en discusión” expresaron los estudiantes en un comunicado.

Planficación de la represión

La administración de la universidad ya tenía su plan represivo en marcha cuando en el paro de 48 horas en el Recinto de Río Piedras de diciembre se derribaron todos los portones que controlaban los accesos al recinto. Esto sirvió de excusa para contratar a la guardia de seguridad privada Capitol que intentó desestabilizar las protestas con sus palos de madera. Durante este primer episodio de esta segunda fase de la lucha estudiantil, las protestas dieron paso a sucesos inciertos donde se dañó la propiedad del recinto por personas encapuchadas que se sospecha eran de la misma guardia privada, justificando así la ocupación policial de todos los recintos universitarios. Aunque la huelga estaba pautada para comenzar el 14 de diciembre, la ocupación policial, tuvo el efecto práctico de adelantarla y todavía sigue en pie.

De esta forma se dio paso al Estado de sitio que desde entonces asola el primer centro docente, rompiéndose el Pacto de la Política de No Confrontación y Autonomía Universitaria que durante 30 años llevó a mantener a la policía fuera de los recintos. Aura Colón Solá, periodista del Colectivo de Prensa Estudiantil Rojogallito, denunció el abuso policial, “el 20 de diciembre se dieron los primeros arrestos en masa y los estudiantes relatan que fueron agredidos bajo la custodia de la policía y se les negó la atención médica hasta cinco horas después del arresto, muchos de ellos estuvieron esas horas sufriendo el dolor de fracturas y torceduras sin atención médica”. Ese día se vivieron los momentos más violentos desde que comenzaron las protestas debido a una encerrona que realizaron los efectivos de la fuerza de choque antidisturbios al movimiento estudiantil para detener la libre expresión de los manifestantes en el recinto y en los alrededores del pueblo de Río Piedras.

Para las Madres contra la Guerra “el uso de esa fuerza militar de la cual hemos sido testigos denota un desconocimiento total, una ignorancia crasa de los procesos históricos, pues cuando a una comunidad se le golpea, se le reprime y se le victimiza, es cuando más se une en una sola voz para reclamar los derechos humanos básicos que se le niegan, como es el derecho a la libre expresión y el derecho a la educación pública accesible al pueblo.”

Derecho a la libre expresión y asociación

Y es que aunque el derecho a la protesta está protegido por la Constitución del Estado Libre Asociado y la de los Estados Unidos, en estos momentos, vivimos tiempos represivos que nos recuerdan La Mordaza. La Rectora del recinto riopedrense, Ana Guadalupe, emitió una resolución administrativa extendida a otros recintos por mandato de otros rectores, que prohíbe “la celebración de festivales, piquetes, marchas, mítines y otras actividades de participación masiva dentro de los predios de esa institución por un período de 30 días contados a partir del 13 de diciembre de 2010” violando los estatutos constitucionales. Para sostenerla, la policía estatal se ha encargado de delimitar unas supestas áreas de expresión pública en las afueras de los recintos.

Aunque existe una limitación para ejercer la libre expresión, el movimiento estudiantil ha retado la moratoria en todo momento dentro y fuera de los recintos. El miembro del Comité de Representación Estudiantil, Waldemiro Vélez, considera que esta lucha ya es de carácter nacional, “nos tienen miedo, porque no tenemos miedo. Esta lucha ya sobrepasó las paredes de nuestra institución, esta lucha se va a dar en la calle, porque es una lucha por nuestros derechos civiles y constitucionales”.

Conflictiva cuota de estabilización fiscal

Las medidas tomadas por el Gobierno y la Administración de la UPR podrían dejar sin acceso a la educación a más de 10.000 estudiantes el próximo semestre, según ha denunciado la comunidad universitaria. La crisis fiscal es producto de la presente administración de gobierno, quien le redujo mediante ley, aproximadamente 100 millones de dólares del presupuesto anual. Paradójicamente el Gobierno ha designado un fondo para becas de 30 millones de dólares. Estas ayudas económicas no atienden de frente el problema fiscal que llevó a la administración universitaria a imponer la cuota, además de ser insuficientes y competitivas. Por otro lado, las becas federales están en peligro de ser radicalmente reducidas por la precaria situación fiscal de EE UU.

“Se han planteado diferentes alternativas a dicho aumento, sin embargo la administración universitaria ha ignorado cada uno de los esfuerzos de diálogo presentados tanto por el estudiantado, como por el claustro. Entendemos que es necesaria una amplia discusión que incluya todos los sectores que representan a la Universidad y a la sociedad puertorriqueña, que como poseedora de la centenaria institución debe tener la última palabra sobre cómo se utilizan los recursos económicos del centro docente” exponen un colectivo de estudiantes de Naturales.

La UPR se encuentra en su momento más frágil. La probatoria en la acreditación de la Middle States (entidad acreditadora de educación superior) hace más compleja esta difícil coyuntura ya que el incumplimiento con sus requisitos pueden llevar al cierre de la universidad pública del país. Los principales señalamientos son hechos a la administración de la universidad con relación a la gobernanza, la poca participación de la comunidad universitaria en las decisiones que se toman y la deficiencia de recursos materiales y económicos. Ante estos señalamientos y la actuación de la Administración y el Gobierno de Puerto Rico cabe preguntarse si la agenda oculta del Gobierno de PR será el cierre de la institución y privatizar la educación superior del país.

Como quiera, las filtraciones ya se están regando. Iupileaks.com abre el grifo destapando documentos, contratos e información relevante que ayuda a comprender los porqués de la crónica crisis que está hundiendo la universidad pública de este país. Por otra parte, los estudiantes no cesarán las protestas hasta que se sienten a dialogar una salida razonable al conflicto que promueva un nuevo proyecto universitario público y retiren la fuerza policial de los once recintos.

Los antecedentes de la Segunda Huelga 2010

Los campamentos de desobediencia civil que unieron a los once recintos de la UPR en la pasada huelga estudiantil paralizaron el Sistema UPR desde el 21 de abril al 21 de junio. Y aunque los acuerdos alcanzados en aquel momento no lograron impedir el aumento en la matrícula de $800, fue contundente la victoria del movimiento estudiantil con su ejemplo de organización y autogestión.

Los libros y el libre pensamiento se han convertido en una amenaza para la Administración de la UPR, el Gobierno de Puerto Rico liderado por Luis Fortuño, el Partido Nuevo Progresista y elementos privados ajenos a la gestión pública, respondiendo con una cínica propuesta de “universidad abierta ” en un lugar donde existía el libre acceso para la comunidad universitaria y el pueblo en general. El presidente de la UPR, De la Torre y la presidenta de la Junta de Síndicos, Igrí Rivera, fueron eliminando los portones de casi todos los recintos universitarios, apostando guardias y policías que requieren a todo el mundo poseer una identificación con foto para entrar y al mismo tiempo, levantaban una muralla de hierro en los predios del Jardín Botánico de la UPR, limitando el acceso a las oficinas de Presidencia, exponiendo la cruda realidad material e ideológica que permea en este conflicto.