La sed de la Inteligencia Artificial. Cuando los costos ambientales se trasladan al Sur Global

 

El fenómeno no se limita a la industria tecnológica. Diversos proyectos industriales con fuerte impacto ambiental que enfrentaron resistencia o mayores exigencias regulatorias en países desarrollados han encontrado espacio en América Latina.

En México existen casos emblemáticos, como la planta de amoníaco en Topolobampo, Sinaloa, financiada con capital alemán y cuestionada por comunidades mayo-yoreme y organizaciones ambientalistas debido a sus posibles impactos sobre los ecosistemas marinos. Otro ejemplo es la terminal de gas natural licuado Saguaro LNG, en Sonora, impulsada principalmente para abastecer el mercado estadounidense y objeto de críticas por los riesgos que podría representar para el Golfo de California.

La sed de la Inteligencia Artificial

La expansión de la Inteligencia Artificial también está acelerando el crecimiento de los centros de datos (Data Centers), instalaciones que alojan millones de servidores y requieren enormes cantidades de electricidad y agua para mantener sus sistemas de refrigeración.

De acuerdo con diversas proyecciones del sector, el mercado de Data Centers en América Latina crecerá de forma acelerada durante los próximos años.

El problema es que muchos de estos proyectos se desarrollan en regiones que ya enfrentan estrés hídrico.

En Querétaro, México, habitantes y organizaciones civiles han denunciado que la rápida expansión de centros de datos incrementa la presión sobre un suministro de agua ya limitado.

En Chile y Uruguay, el uso de agua potable para la refrigeración de servidores también ha generado cuestionamientos sobre la prioridad en el uso de un recurso cada vez más escaso.

En Argentina, el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), impulsado por el gobierno de Javier Milei, busca atraer este tipo de infraestructura. Diversos especialistas y organizaciones ambientales han advertido que una expansión sin una adecuada planificación podría aumentar la presión sobre cuencas como las de los ríos Limay y Neuquén, además de agravar los problemas de disponibilidad de agua que ya enfrentan distintas comunidades de la región.

¿Progreso o nueva dependencia?

La narrativa oficial presenta estas inversiones como sinónimo de modernización, innovación y desarrollo tecnológico. Sin embargo, sus críticos sostienen que el modelo reproduce una lógica extractiva: las grandes empresas obtienen capacidad de procesamiento, ventajas tecnológicas y ganancias económicas, mientras los países receptores asumen gran parte del consumo de agua, energía e infraestructura.

Además, los centros de datos generan relativamente pocos empleos permanentes una vez que concluye su construcción, lo que alimenta el debate sobre si los beneficios económicos compensan realmente los costos ambientales.

La Inteligencia Artificial promete transformar al mundo, pero también obliga a responder una pregunta incómoda: ¿ quién asumirá el costo ambiental de esa transformación?

Para muchos analistas, América Latina corre el riesgo de convertirse en el soporte físico del mundo digital: una región que aporta agua, energía y territorio para sostener la revolución tecnológica, mientras el mayor valor económico y la soberanía tecnológica permanecen concentrados en los países donde se desarrollan y controlan estas plataformas.

Porque el agua es un recurso finito, y el debate ya no es únicamente sobre tecnología, sino sobre quién paga el precio de hacerla posible.

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