La acreditación de la educación superior en El Salvador: lo público y lo privado. Por Raúl Azcúnaga, profesor y ex vicerrector académico Universidad de El Salvador

 

La acreditación de las universidades, los institutos técnicos y tecnológicos del país está regulada por, la ley de Educación Superior, aprobada hace tres décadas (LES, 1995), y el Reglamento Especial de la Comisión de Acreditación de la Calidad Académica de Instituciones de Educación Superior, aprobado hace un cuarto de siglo RECAC (2000).

La acreditación, supone una buena práctica y compromiso por mejorar o perfeccionar procesos administrativos, servicios o productos que las empresas o instituciones brindan al público. Acreditación y calidad van de la mano en el mundo actual. La acreditación al tratarse de la educación superior se refiere al reconocimiento de estándares de calidad tanto en las funciones fundamentales de la universidad como lo son la docencia, la investigación, proyección social (vinculación de la universidad y su entorno) como a aquellos aspectos de carácter más administrativo, gobierno y de diseño de la Instituciones de Educación Superior (IES).

Según el Reglamento Especial de la Comisión de Acreditación, la Comisión tendrá autonomía de acción en su cometido (Art. 4) y “evaluará el desarrollo de la gestión educativa y especialmente la calidad de los procesos de selección de los estudiantes; los procesos de selección, actualización y especialización de docentes; el proceso educativo; la pertinencia y actualidad de los planes y programas de estudio; los recursos bibliográficos en sus diferentes medios; la investigación institucional; la proyección de la institución y otros aspectos de naturaleza similar que ésta considere conveniente.” (Art.25).

La Comisión de Acreditación, generalmente ha estado conformada por destacados académicos nacionales, que han formado parte de la IES. Existe un equipo técnico y la Dirección Nacional de Educación Superior que presenta estadísticas e informes completos atendiendo a las herramientas y metodologías diseñadas, conforme a las categorías definidas: Gobierno y administración institucional, Integridad institucional, Proyección social, Estudiantes, Académicos, Carreras y otros programas académicos, Investigación, Recursos educacionales, Administración financiera e Infraestructura física.

En este orden de ideas, contando con la normativa, el talento humano, recursos y demás, es válido preguntarnos: ¿Por qué las IES salvadoreñas están en los últimos lugares de las universidades de la región? ¿Están las IES cumpliendo su función conforme las necesidades productivas y del desarrollo social y cultural en el país? ¿Cumple la Universidad su función de innovar y crear explicaciones (teorías) y soluciones a los problemas de la nación en los distintos órdenes de la vida en sociedad?

Preguntas serias y de profundo sentido, que han sido temas de discusión de académicos importantes de la talla de Fabio Castillo Figueroa, María Isabel Rodríguez, Ignacio Ellacuría entre otros rectores ilustres que nunca plantearon el problema universitario como un tema entre pragmatismo versus idealismo, o entre “lo que da” y “lo que no da”, ya que todo Quijote necesita su Sancho, y todo Sancho necesita su Quijote.

 Según el ranking QS 2026 (QS World University Rankings: Latin America and the Caribbean 2026), en Centro América se ubican primero las universidades de Costa Rica, luego Guatemala, Panamá, Honduras, y por último Nicaragua y El Salvador. De nuestro país, la mejor ubicada es la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA) en los puestos 301-350 y le siguen la Universidad Católica de El Salvador (UNICAES) (301+) y la Universidad de El Salvador (UES) (301+), de entre las 492 sometidas a la medición de 26 países de la región.

Los puestos de nuestras universidades en el ranking hacen pensar que las universidades salvadoreñas no hacen sus tareas, no se preparan para sus exámenes y necesitan programas rigurosos de adecuación curricular, dado su déficit de atención de lo que se evalúa y se toma como indicadores de calidad a nivel internacional de América Latina y del mundo, es decir, una Reforma Universitaria Profunda, de largo aliento. 

Los retos de los procesos de acreditación de la IES en el país para el futuro deben ser más grandes, es decir, “elevar la vara”, a veinticinco años no pueden ser los mismos estándares, los autoestudios y resultados deben de ser públicos, el sistema de acreditación debe ser acreditado a nivel internacional, se tiene que garantizar una planta docente de calidad (¿Quién forma a los formadores?), asignación de porcentajes relevantes de presupuesto para investigación, tecnología, equipamiento e innovación, porcentajes de presupuesto para la responsabilidad social institucional, proyección social y vinculación con el entorno, particularmente, se necesita establecer mínimos de publicaciones de libros, revistas, artículos académicos, patentes, y un largo etcétera, que desde luego no va a nacer solo del sentido empresarial desde del que hasta ahora se administran las IES y definen políticas y marcos regulatorios en el país. Se tiene que recurrir a experiencias de ordenamiento de las mejores universidades de la región, a expertos nacionales e internacionales en la materia y a planes que no nazcan del puro interés “sin fines de lucro”, ni de falaces consultas en donde las visiones corporativas imponen su visión de costo-beneficio. En conclusión, poner la Universidad al Servicio de la Nación.