jueves, 18 de agosto de 2011

MOVIMIENTO ESTUDIANTIL HONDURAS EN MOVILIZACION


Estudiantes ocupan calles en Tegucigalpa y sufren represión policial

Camila Queiroz

Periodista de ADITAL

Adital

Estudiantes secundarios de Honduras vivenciaron ayer (15), en la capital Tegucigalpa, una intensa represión en respuesta por las manifestaciones en contra de la Ley General de Educación. Cientos de estudiantes, padres y profesores fueron reprimidos por la Policía Preventiva y por los Comandos Cobras, que utilizaron bombas de gases lacrimógenos, chorros de agua y tiros. La represión dejó dos estudiantes desaparecidos, decenas de heridos e intoxicados. Cerca de 20 líderes fueron detenidos, sin embargo, fueron liberados horas más tarde.

Las manifestaciones ocurrieron frente al Instituto Central; en la aldea Germania, sur de Tegucigalpa; en la Segunda Avenida de Comayagüela; en las Villas del Sol, este de la capital; en la carretera hacia el departamento de Olancho y en la avenida de las Fuerzas Armadas.

Uno de los puntos donde la situación se puso más delicada fue en la Avenida Panamericana, en Germania, que une a Honduras con El Salvador y Nicaragua. A causa de la protesta estudiantil, los automóviles no pudieron transitar.

En entrevista con el blog dickema24, el presidente local del Frente de Acción Revolucionaria de Secundarios en Honduras, Ariel Alejandro Gutiérrez, explica los motivos de la ocupación de la avenida, ayer por la mañana, y del Instituto Polivalente Germania.

"La toma del colegio comenzó la semana pasada. Lo que pasa ahora es prácticamente una batalla campal. Lo único que exigimos es que no nos quiten la educación pública, que quieren privatizar. No queremos dialogar con el ministro de educación Alejandro Ventura sino directamente con el presidente Porfirio Lobo. Seguimos en la toma de nuestro colegio hasta que veamos los resultados. Nosotros somos de familias pobres que no tenemos dinero para pagar la educación privada”, enfatiza.

En la Avenida de las Fuerzas Armadas, salida este de Tegucigalpa, los estudiantes entraron en confrontación con policías, que lanzaron bombas de gases lacrimógenos. Según la prensa local, cerca de 20 manifestantes fueron detenidos y algunos recibieron golpes con bastones de parte de la policía.

También hubo represión en las cercanías de la Casa de Gobierno. Mientras Porfirio Lobo se reunía con líderes de seis asociaciones de profesores en mesa de diálogo, a los estudiantes que marchaban hasta el lugar, la policía les impidió manifestarse.

En la ocasión, el presidente del Congreso Nacional, Juan Orlando Hernández, anunció que el proyecto de Ley General de Educación sería retirado. Sin embargo, los estudiantes desconfían que ésta sea sólo una manera de desarticular al movimiento, cuyas proporciones comienzan a ser comparadas con los protestas chilenas, asustando al gobierno de Honduras.

Coyuntura

Hace tres semanas los estudiantes secundarios se manifiestan en contra del envío del proyecto de Ley General de Educación al Congreso. En este período, ocuparon cerca de 150 colegios en todo el país.

La ley enfrenta férreamente a la oposición popular porque cambia el sistema de educación, estableciendo la enseñanza pre-básica y la educación primaria, que se extiende hasta el noveno año. Con esto, la educación, a partir del décimo año, no sería más financiada por el gobierno, lo que implicaría su privatización, ya que sería costeada por las familias, en institutos privados.

Los mayores de 15 años también sufrirían un duro golpe, pues el proyecto establece que el gobierno deja de financiar la educación a partir de esa edad.

Solidaridad

En un comunicado, el Frente Nacional de Resistencia Popular apela a sus integrantes para que se sumen a las movilizaciones estudiantiles, así como también repudia la "represión salvaje” contra los secundarios. "Nos solidarizamos plenamente con los integrantes del Frente Acción Revolucionaria de Secundaria de Honduras (FARSH), quienes realizaban acciones de presión pacífica en diferentes puntos de Tegucigalpa, cuando fueron embestidos por las fuerzas represivas del Estado”, declararon.

También el coordinador general del Frente, Manuel Zelaya, dejó un mensaje que alienta a los estudiantes, recomendándoles apostar siempre a formas no violentas de lucha. Para él, las movilizaciones estudiantiles indican la necesidad de actuación conjunta, por lo que exhorta a los hondureños a unirse a la lucha.

"Compatriotas; apoyemos esta lucha para que sea pacífica y que ‘el diálogo con la juventud por la Educación' alcance la UNIDAD, porque actuando todos juntos en las luchas sociales, en las luchas gremiales, en las luchas populares y ahora en la lucha política en el Frente Amplio de Resistenciapodremos recuperar la patria secuestrada”, convoca.

Traducción: Daniel Barrantes – barrantes.daniel@gmail.com

Fuente: http://www.adital.com.br

OPINION por Dagoberto Gutiérrez:El Salvador: El régimen verdadero


El caso del asesinato de los jesuitas y sus empleadas, delito de lesa humanidad, se consideraba resuelto por ciertos sectores, y además olvidado por la amnistía

Por Dagoberto Gutiérrez

La acción legal iniciada en Madrid por los familiares de los sacerdotes jesuitas, asesinados en noviembre de 1989, en plena guerra civil, en nuestro país, llegó a la etapa en la que el juez español dictó orden de detención internacional contra 20 militares salvadoreños. Se trata de una querella sobre una clase de delitos que corresponden al Derecho Penal Internacional. Se llaman delitos de lesa humanidad porque la víctima no es solamente el más cercano familiar sino la humanidad misma, y a partir de esta calidad, la acción penal es imprescriptible; es decir, que en cualquier tiempo, sin plazo alguno, se puede establecer querella.

Además, en esta clase de delitos, no funcionan amnistías, es decir que ningún Estado puede declarar amnesia y olvido sobre los mismos. También funciona una jurisdicción que supera la tradicional jurisdicción territorial, en virtud de la cual conoce el juez del territorio donde se ha cometido el ilícito. Aquí estamos en una jurisdicción diferente, que se corresponde con una especie de justicia llamada universal, en donde tratándose de determinados delitos como genocidios, crímenes de guerra de lesa humanidad, cualquier Estado, en determinadas circunstancias, puede actuar. Y todo esto está contenido en el sistema de tratados internacionales que los Estados han firmado.

En nuestro país, la referida detención internacional sacó a flote varias verdades que permanecían ocultas porque desató una discusión que, en una mirada superficial, se consideraba resuelta. Y el caso del asesinato de los jesuitas y sus empleadas, delito de lesa humanidad, se consideraba por ciertos sectores, resuelto, y además olvidado por la amnistía. Toda esta posición estaba en correspondencia con la tesis de que El Salvador vivía un momento de florecimiento de una democracia que algunos calificaban de “inicial”, pero con condiciones de desarrollo.

Al terminar la guerra y al renunciarse a la post guerra, en nuestro país también se renunció a la verdad histórica, a la justicia, al perdón, a la reconciliación, a la restauración y a la reparación. Por eso la sociedad entró, lenta pero seguramente, de la guerra civil a la guerra social en la que actualmente nos encontramos, y así, las órdenes de detención internacional pusieron en primer plano, como es lógico que ocurriera, el debate político pendiente, con mucho más vigor que la dimensión jurídica, también real, del juicio de Madrid.

El debate político corresponde al mundo real de hace 20 años y demuestra que nada ni nadie está olvidado, que los acontecimientos están a flor de piel, y que la memoria tiene capacidad para vencer a la historia. La historia, oficial en este caso, indica que todo está resuelto; pero la memoria demuestra que nada lo está, que está pendiente verdad, justicia, perdón y reconciliación, y que, en su ausencia, se ha instalado la guerra social más cruenta, más sangrienta, y que vivimos la mayor incertidumbre de nuestra historia.

La coyuntura revela dramáticamente las conductas políticas reales que se corresponden con el régimen político real que se impone a la sociedad real de El Salvador. Nos encontramos con que el autoritarismo y la impunidad siguen siendo las características determinantes del poder político ejercido, más allá de cualquier discurso o figuración que toda persona, bien intencionada o no, pueda hacerse del país en el que vive.

Veamos las cosas: estamos frente a un juicio que se corresponde con el Derecho Penal Internacional, en donde, en virtud del tratado internacional correspondiente, celebrado y ratificado por El Salvador, el país se compromete a cumplir órdenes internacionales de captura. Luego vendrá una petición de extradición del Reino de España al Estado de El Salvador, y será la Corte Suprema de Justicia la que resolverá, de acuerdo al tratado de extradición celebrado con España, el 10 de marzo de 1997. Una vez resuelta esta etapa procesal, concediendo o negando la extradición, de acuerdo al mencionado tratado, el juicio proseguirá en los tribunales madrileños, y vendrá, finalmente, una absolución o una condena para los indiciados. Si fueren condenados, se convertirían en prófugos internacionales y de delitos de lesa humanidad. Y, sin duda, pendientes de la decisión del gobierno de turno sobre su entrega o no a las autoridades españolas. Este es el panorama frío de la situación y resulta claro que la pelea legal deberá darse en los tribunales de Madrid.

Qué es lo que ocurrido hasta ahora? Los militares indiciados no han sido detenidos por las autoridades correspondientes, como debería ser; no aparecen a la orden de ningún juez, como debería ser; y la Fuerza Armada aparece impidiendo la detención. Esto significa que la CSJ no tiene nada sobre qué pronunciarse porque resulta que no hay nadie detenido. Solo en los casos de la justicia militar, las instalaciones de la Fuerza Armada pueden ser lugares de detención, y en ninguna otra circunstancia. A menos que se establezca que en todo caso de petición de extradición, los perseguidos serán detenidos en instalaciones militares, sean o no militares de profesión. Pero esta legislación no existe. Aquí estamos frente al más puro autoritarismo, porque ningún poder en el país ha sido capaz de detener a ningún militar requerido internacionalmente. Esta es la misma escuela de impunidad que sigue vigente, vigorosa y triunfante. Mientras esto ocurre, la Presidencia de la República guarda silencio y la CSJ se estremece telúricamente ante la decisión que tendrá que tomar una vez reciba la petición de extradición.

Lo más seguro es que se niegue la extradición, pero este capítulo ya nos ha dejado un reguero de luces, y a partir de este momento no se puede seguir hablando o pensando de nuevas democracias o nuevos momentos, sino de una transición, en donde lo antiguo está derrotando a lo nuevo, porque lo antiguo no ha desaparecido y lo nuevo no ha aparecido. El régimen político, que es la manera cómo funciona el sistema, sigue siendo autoritario e impune.

Tendencia Revolucionaria

Fuente: http://www.lahaine.org

miércoles, 10 de agosto de 2011

LUCHA EN CHILE: Camila Sepúlveda, presidenta del centro de alumnas del Liceo Carmela Carvajal de Prat “Haremos los cambios que los adultos no s



Publicamos la introduccion que se publico en la revista Punto Final de Chile acerca de una de las dirigentas y/o liderezas del actual movimiento de secunadario chileno,con tan solo 17 años esta joven habla con una seguridad y con mucha propiedad de la problematica de la educación en Chile y de como ella junto a sus compañeras llevan siete tomas del Liceo donde estudia siendo desalojadas seis veces por la policía.
Si desean leer la entrevista completa la pueden encontrar en: http://www.rebelion.org/noticia.php

Camila Sepúlveda, presidenta del centro de alumnas del Liceo Carmela Carvajal de Prat

“Haremos los cambios que los adultos no se atrevieron”

Ruben Andino Maldonado

Punto Final

“Es una de las mejores experiencias que he tenido”, dice Camila Andrea Sepúlveda Soto (17), presidenta del Centro de Alumnas del Liceo Carmela Carvajal de Prat, refiriéndose a la toma indefinida en demanda de mejor educación de ese centro de estudios de la comuna de Providencia. Camila ingresó al Carmela Carvajal en 1º medio, ahora cursa 4º medio y participa en el centro de alumnas desde 2010.

Hija única de padres separados, vive con su madre, que la apoya en sus actividades como dirigente estudiantil. Su padre también está con ella, aunque se muestra escéptico respecto a la posibilidad de obtener logros a través de este movimiento. “Sucede que algunos padres no están de acuerdo con la forma como actuamos, pero comparten el fondo de las demandas y por eso nos apoyan”, dice Camila Sepúlveda.

Precisa que el Liceo Carmela Carvajal de Prat está catalogado como de excelencia porque prepara bien para la universidad. Sin embargo, el trato que reciben las estudiantes no se compadece con esa excelencia académica. “Somos sólo un número para hacer un puntaje nacional en la PSU o lograr alto rendimiento en las pruebas Simce. Pero el trato personal y la formación valórica son deficientes”.

Camila quiere estudiar derecho o ciencias políticas en la Universidad de Chile, algo que probablemente conseguirá porque es buena alumna y ha obtenido altos puntajes en los ensayos de PSU, que ya le permitieron ganar una beca para el preuniversitario Pedro de Valdivia. No teme perder el año académico y si ello llegara a suceder, considera que ha ganado muchas cosas con la toma: “Hemos crecido como personas y eso es lo más importante; más que dar una buena PSU. Si eso lo pude ganar con esta toma, no lo considero un año perdido. He logrado una madurez que no tenía, luego de dirigir a mil ochocientas estudiantes en toma. Hemos tenido que cocinarnos, limpiar el colegio y despegarnos de nuestros padres. En lo personal he estrechado lazos con compañeras con las cuales jamás pensé que iba a cruzar unas palabras. Ahora convivimos a diario y sostengo con ellas conversaciones que jamás pensé que tendríamos”.

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php

Publicado en “Punto Final”, edición Nº 739, 5 de agosto, 2011

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