domingo, 30 de enero de 2011

A TODA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA Y A TODO EL PUEBLO SALVADOREÑO EN GENERAL: ANTE EL PROBLEMA DEL NUEVO INGRESO DE LA UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR


A TODA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA Y A TODO EL PUEBLO SALVADOREÑO EN GENERAL:

ANTE EL PROBLEMA DEL NUEVO INGRESO DE LA UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR AÑO 2011

Las organizaciones abajo firmantes declaramos lo siguiente:

1. Que todo salvadoreño y salvadoreña tiene el derecho a recibir una educación superior universitaria pública y de calidad.

2. Que todo aspirante a ingresar a la Universidad de El Salvador tiene el derecho a organizarse, a dirigir sus peticiones por escrito a las instancias correspondientes y a que se le haga saber lo resuelto.

3. Que la Universidad de El Salvador debe garantizar que el proceso de selección de aspirantes a ingresar a la UES sea equitativo y justo.

4. Que las autoridades de la Universidad de El Salvador busquen los mecanismos legales, técnicos, administrativos y pertinentes para hacer una ampliación de cupos para los aspirantes que así lo solicitaron ante los órganos de gobierno de la UES.

5. Se instale una mesa de dialogo entre las autoridades Universitarias y los aspirantes a estudiar en la Universidad de El Salvador año 2011, haciendo valer su derecho a ser escuchados y participes de las decisiones que las autoridades acuerden.

6. Respetar el derecho a la manifestación pacífica de los aspirantes a nuevo ingreso de la Universidad de El Salvador año 2011.

7. Nuestra solidaridad a la lucha legal de los Aspirantes de Nuevo Ingreso a estudiar en la Universidad de El Salvador año 2011 y a la Comisión de Aspirantes a Nuevo Ingreso a la Universidad de El Salvador Facultad Multidisciplinaria de Occidente (CANIUES).

8. Hacemos un llamado al pueblo salvadoreño, a los estudiantes, docentes y trabajadores de la Universidad de El Salvador a solidarizarse con los aspirantes a nuevo ingreso de la Universidad de El Salvador año 2011, en la lucha por el acceso a la Educación Superior Universitaria.

9. Al gobierno central y a la Asamblea Legislativa, que aumenten el presupuesto de la Universidad de El Salvador para que más salvadoreños y salvadoreñas tengan la oportunidad de ingresar a esta casa de estudios.

10. Crear un Foro Social de Educación Superior integrados por todos los sectores activos de la sociedad salvadoreña que así lo deseen para proponer mecanismos de solución para los Ingresos a la Universidad de El Salvador.


ORGANIZACIONES DE LA UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR:

AGEFMO (Asociación General de Estudiantes de la Facultad Multidisciplinaria de Occidente); CCU (Coordinadora Comunista Universitaria); CRM (Colectivo Rafael Menjìvar); MUR (Movimiento de Unidad Revolucionaria); FAU-BPJ (Fuerza de Acción Universitaria-Bloque Popular Juvenil); MENA (Movimiento de Estudiantes No Aceptados); UJRM (Unión de Jóvenes Revolucionarios Marxistas); AED (Asociación de Estudiantes de Derecho-Roque Dalton); FESUES (Fuerza Estudiantil Salvadoreña de la Universidad de El Salvador); BREA-San Vicente;MG-8 (MOVIMIENTO GUEVARISTA 8 DE OCTUBRE); PSOCA; ESTEES; MRG (MOVIMIENTO REVOLUCIONARIO GUEVARISTA) SETUES (Sindicato de Empresa de Trabajadores de la Universidad de El Salvador)

ORGANIZACIONES SOCIALES:

SIGETME (Sindicato General de las y los Trabajadores del Ministerio de Educación); SIANDES 21 de junio (Sindicato de Maestros 21 de junio); Juventud Pasos del Jaguar (Ucelat tik ne Tepet); ASPROMI (Asociación Salvadoreña Pro Mujeres Integradas); ACOMUDES; ANDES 21; SEDESA.

El Salvador 29 de enero de 2011


sábado, 29 de enero de 2011

EL SALVADOR :Empresa CALVO: de nuevo el atún antisindical


Giorgio Trucchi

CEAL

CONFLICTO POR REDUCIR BONO A LA MITAD


La empresa CALVO es una Atunera Española instalada en El Salvador desde el año 2003. Cuando las trabajadoras se organizaron sindicalmente en 2007, la gerencia rápidamente formó un sindicato bajo control patronal para simular que existía una buena relación laboral. El sindicato patronal ha sido el encargado de mantener a raya a las trabajadoras para evitar el mejoramiento de las condiciones laborales y un verdadero clima de cooperación laboral.

CALVO ha sido el escenario de protestas y denuncias en los últimos años, aparte del sostenimiento de la empresa de un sindicato patronal. Estas van desde el uso de guardias armados dentro de la planta, pruebas de polígrafo a las trabajadoras, intoxicaciones masivas, despidos antisindicales, discriminación, chantaje y otras, han sido coordinadas desde la Oficina de Recursos Humanos con la anuencia del Sindicato Patronal. Al mismo tiempo, los altos ejecutivos mantienen una política muy agresiva de simulación, la cual ha incluido una fuerte inversión para promover una imagen de empresa progresista y socialmente responsable.

Recientemente, mientras la empresa anunció incrementos en sus ganancias y ventas de hasta un 9% durante 2009, paralelamente intenta reducir las prestaciones a las trabajadoras, las cuales son usualmente presumidas por sus ejecutivos. Desde hace 5 años, la empresa otorga el 14 de febrero un bono de $ 150.00 a los empleados en el llamado “día del trabajador de CALVO. El año pasado intento eliminarlo y fracaso ya que el Ministerio de Trabajo estableció que es una "Costumbre de Empresa" obligación inherente a todos los contratos con las trabajadoras, según el Art. 24 del Código de Trabajo.

Este año, haciendo uso de pobres argumentos y documentos sin sustento legal, la empresa pretende reducir el bono a $ 75.00, argumentando que ha sido cambiado por este que supuestamente premia la reducción del ausentismo. Esta intención ha iniciado una ola de descontento dentro de la fuerza laboral de CALVO. La mayoría de trabajadores en CALVO, son mujeres, y utilizan su bono para cubrir los gastos escolares de sus hijos, dado que precisamente este día, han iniciado las clases a nivel nacional.

El día jueves 13 de enero, la empresa informó a los trabajadores que no daría el bono acostumbrado y que en su lugar darían una bonificación por ausentismos correspondiente a $ 75.00 queriendo al mismo tiempo manipular un acta del año pasado en que informaron a los sindicatos de sus intenciones.

Siendo que la ley salvadoreña establece que los derechos laborales son irrenunciables y el antecedente de la resolución del año pasado de la costumbre de empresa, el sindicato obrero SITIPA solicitó el 17 de enero por escrito al Director General de Trabajo una inspección en la empresa, y una audiencia conciliatoria, en la que llamase al representante legal de CALVO al Ministerio de Trabajo para conciliar este conflicto.

El día miércoles 19 de enero de 2011, las trabajadoras de CALVO ante un cierre de posibilidad de dialogo en este tema por parte de la empresa, realizaron un paro espontáneo en las instalaciones de la planta ubicada en La Unión, el cual consistió en dejar de laborar sin abandonar sus puestos de trabajo.

Durante, la protesta, el Gerente de Recursos Humanos, Eduardo Meléndez agredió a una trabajadora en el marco de sus intentos de amenazarles para que regresarán a sus labores. Asimismo, el director de operaciones Miguel Peñalva, amenazó con hacer uso de la Policía para desalojar a las mujeres que no quisieran trabajar.

Posteriormente ante la llegada del Ministerio de Trabajo, sus delegados pudieron constatar que las trabajadoras habían cesado sus labores de manera pacífica, sin obstaculizar a quienes no participaban en la acción. Nuevamente el director de operaciones de CALVO, Miguel Peñalva, se negó a sentarse a dialogar sobre la obligación de cumplir con el bono como debe ser por costumbre de empresa.

Al día siguiente, ya fuera de la presencia del Ministerio de Trabajo, Gerente de Recursos Humanos, Eduardo Meléndez, el abogado Boris Quintanilla y la directora de RRHH Marisol Salinas, reunieron a 150 trabajadoras y anunciaron que estaban suspendidas por UN DÍA en castigo por protestar por sus legítimos derechos. Al unísono las trabajadoras LES APLAUDIERON en señal inequívoca de su decisión de seguir luchando.

Al día siguiente el viernes 21 de enero, las trabajadoras suspendidas se concentraron en el parque de La Unión y marcharon hacia la delegación del Ministerio de Trabajo para consultar sobre la legalidad de dicha suspensión, pues el Gerente Eduardo Meléndez, les había manifestado que contaba con la aprobación del Ministerio de Trabajo para hacerlo. Los delegados del Ministerio, negaron la versión del gerente y anunciaron que esta semana, esta programada una serie de inspecciones en la atunera, para verificar una larga lista de denuncias que han llegado a dicha cartera de Estado, incluyendo, despidos, falta de cumplimiento de recomendaciones, la falta de pago del bono, la suspensión de trabajadoras y las agresiones de Eduardo Meléndez a una de ellas.

En este marco, y ante la escalada de represión de la empresa CALVO, CEAL en apoyo a la justa lucha de las trabajadoras organizadas en el sindicato SITIPA-FESTSSABHRA, iniciará la entrega y difusión de una serie de denuncias, las cuales han sido recopiladas durante dos años y que incluyen desde despidos y represalias a trabajadoras que han abandonado el sindicato patronal, hasta problemas de salud e higiene en la planta de CALVO ubicada en Punta Gorda La Unión..

CEAL hace un llamado a las organizaciones nacionales e internacionales, a estar pendientes de la próxima entrega de esta serie de denuncias, y a solidarizarse con la justa lucha de las trabajadoras de CALVO.

Fuente: http://www.rel-uita.org/companias/calvo/calvo_conflicto_por_reducir_bonos.htm

Notas:
Galería fotográfica: http://www2.rel-uita.org/galeria/?id=141
Video: http://www.rel-uita.org/companias/calvo/video-calvo_conflicto_bonos.htm

rebelion.org

Estado de sitio en la Universidad de Puerto Rico


Estado de sitio en la Universidad de Puerto Rico

Brutalidad policial, arrestos arbitrarios, militarización del espacio público, violación a los derechos civiles y falta de diálogo son las respuestas desmedidas que ofrece la Administración de la Universidad de Puerto Rico, la Policía Estatal y el Gobierno en la segunda huelga de la UPR de este año.

La imposición de $800 de cuota en el alza de la matrícula, efectiva desde el 11 de enero, levantó nuevamente al movimiento estudiantil a denunciar una lucha que nunca terminó para ellos. Esta vez la desobediencia civil ha sido la estrategia escogida por la comunidad estudiantil que se apostaron en los diferentes portones del Recinto de Río Piedras, sentándose en el suelo en forma de cadena impidiendo el paso de coches. Desde el 19 de enero, fecha de inicio de los actos de desobediencia civil, han sido arrestados unos 200 estudiantes.

Pese a que existe un protocolo de desobediencia civil donde todo tipo de uso de fuerza y/o violencia es injustificada, los efectivos de las fuerzas de choque están desplegando toda su brutalidad contra los desobedientes. Gamelyn Sierra dio testimonio de su arresto: "Me golpeaban en repetidas ocasiones y yo, como cualquier otra persona, trataba de soltarme y correr. No fue hasta que me hicieron una llave, que casi me arranca el brazo izquierdo y me ahorca, que me pidieron que me dejara arrestar. Aún tengo el cuello lesionado. ¿Por qué? ¿Cuáles son los delitos que se me imputan?” -le pregunté a los oficiales-. La salvaguarda constitucional fue tal que no supe qué delitos se me imputaban hasta las doce de la noche del viernes. Cabe mencionar que me arrestaron el jueves a las dos de la tarde, junto a un compañero que fue detenido al interceder por mí ante los oficiales”. La prensa del país está recogiendo la evidencia de unos arrestos ilegales, desproporcionados contra el movimiento estudiantil y diferentes sectores de la sociedad civil que se han solidarizado con la lucha.

Y estas acciones de solidaridad le han perseguido al presidente puertorriqueño hasta Valladolid. Un grupo de estudiantes protestaron el día 21 de enero contra las políticas públicas del gobernador Luis Fortuño. Como parte de una misión comercial, Fortuño asistió al homenaje que le hicieron a Juan Ponce de León, primer gobernador de la isla, en su ciudad natal.

Los estudiantes puertorriqueños interrumpieron el discurso de Fortuño gritándole consignas y recordando los arrestos en la UPR. Y repartieron un boletín sobre la situación del país en el que denuncian los abusos de la actual administración contra miles de trabajadores que fueron despedidos por la Ley 7, el desmantelamiento de la educación universitaria y la alarmante cifra de asesinatos y delitos que se eleva a 91 en lo que va de año.

Así mismo, repudiaron las expresiones hechas por Fortuño en El País donde “contrario a lo que afirma, Puerto Rico no es Estados Unidos. Nos reafirmamos en que Puerto Rico es una nación con su propia cultura e identidad y eso no está en discusión” expresaron los estudiantes en un comunicado.

Planficación de la represión

La administración de la universidad ya tenía su plan represivo en marcha cuando en el paro de 48 horas en el Recinto de Río Piedras de diciembre se derribaron todos los portones que controlaban los accesos al recinto. Esto sirvió de excusa para contratar a la guardia de seguridad privada Capitol que intentó desestabilizar las protestas con sus palos de madera. Durante este primer episodio de esta segunda fase de la lucha estudiantil, las protestas dieron paso a sucesos inciertos donde se dañó la propiedad del recinto por personas encapuchadas que se sospecha eran de la misma guardia privada, justificando así la ocupación policial de todos los recintos universitarios. Aunque la huelga estaba pautada para comenzar el 14 de diciembre, la ocupación policial, tuvo el efecto práctico de adelantarla y todavía sigue en pie.

De esta forma se dio paso al Estado de sitio que desde entonces asola el primer centro docente, rompiéndose el Pacto de la Política de No Confrontación y Autonomía Universitaria que durante 30 años llevó a mantener a la policía fuera de los recintos. Aura Colón Solá, periodista del Colectivo de Prensa Estudiantil Rojogallito, denunció el abuso policial, “el 20 de diciembre se dieron los primeros arrestos en masa y los estudiantes relatan que fueron agredidos bajo la custodia de la policía y se les negó la atención médica hasta cinco horas después del arresto, muchos de ellos estuvieron esas horas sufriendo el dolor de fracturas y torceduras sin atención médica”. Ese día se vivieron los momentos más violentos desde que comenzaron las protestas debido a una encerrona que realizaron los efectivos de la fuerza de choque antidisturbios al movimiento estudiantil para detener la libre expresión de los manifestantes en el recinto y en los alrededores del pueblo de Río Piedras.

Para las Madres contra la Guerra “el uso de esa fuerza militar de la cual hemos sido testigos denota un desconocimiento total, una ignorancia crasa de los procesos históricos, pues cuando a una comunidad se le golpea, se le reprime y se le victimiza, es cuando más se une en una sola voz para reclamar los derechos humanos básicos que se le niegan, como es el derecho a la libre expresión y el derecho a la educación pública accesible al pueblo.”

Derecho a la libre expresión y asociación

Y es que aunque el derecho a la protesta está protegido por la Constitución del Estado Libre Asociado y la de los Estados Unidos, en estos momentos, vivimos tiempos represivos que nos recuerdan La Mordaza. La Rectora del recinto riopedrense, Ana Guadalupe, emitió una resolución administrativa extendida a otros recintos por mandato de otros rectores, que prohíbe “la celebración de festivales, piquetes, marchas, mítines y otras actividades de participación masiva dentro de los predios de esa institución por un período de 30 días contados a partir del 13 de diciembre de 2010” violando los estatutos constitucionales. Para sostenerla, la policía estatal se ha encargado de delimitar unas supestas áreas de expresión pública en las afueras de los recintos.

Aunque existe una limitación para ejercer la libre expresión, el movimiento estudiantil ha retado la moratoria en todo momento dentro y fuera de los recintos. El miembro del Comité de Representación Estudiantil, Waldemiro Vélez, considera que esta lucha ya es de carácter nacional, “nos tienen miedo, porque no tenemos miedo. Esta lucha ya sobrepasó las paredes de nuestra institución, esta lucha se va a dar en la calle, porque es una lucha por nuestros derechos civiles y constitucionales”.

Conflictiva cuota de estabilización fiscal

Las medidas tomadas por el Gobierno y la Administración de la UPR podrían dejar sin acceso a la educación a más de 10.000 estudiantes el próximo semestre, según ha denunciado la comunidad universitaria. La crisis fiscal es producto de la presente administración de gobierno, quien le redujo mediante ley, aproximadamente 100 millones de dólares del presupuesto anual. Paradójicamente el Gobierno ha designado un fondo para becas de 30 millones de dólares. Estas ayudas económicas no atienden de frente el problema fiscal que llevó a la administración universitaria a imponer la cuota, además de ser insuficientes y competitivas. Por otro lado, las becas federales están en peligro de ser radicalmente reducidas por la precaria situación fiscal de EE UU.

“Se han planteado diferentes alternativas a dicho aumento, sin embargo la administración universitaria ha ignorado cada uno de los esfuerzos de diálogo presentados tanto por el estudiantado, como por el claustro. Entendemos que es necesaria una amplia discusión que incluya todos los sectores que representan a la Universidad y a la sociedad puertorriqueña, que como poseedora de la centenaria institución debe tener la última palabra sobre cómo se utilizan los recursos económicos del centro docente” exponen un colectivo de estudiantes de Naturales.

La UPR se encuentra en su momento más frágil. La probatoria en la acreditación de la Middle States (entidad acreditadora de educación superior) hace más compleja esta difícil coyuntura ya que el incumplimiento con sus requisitos pueden llevar al cierre de la universidad pública del país. Los principales señalamientos son hechos a la administración de la universidad con relación a la gobernanza, la poca participación de la comunidad universitaria en las decisiones que se toman y la deficiencia de recursos materiales y económicos. Ante estos señalamientos y la actuación de la Administración y el Gobierno de Puerto Rico cabe preguntarse si la agenda oculta del Gobierno de PR será el cierre de la institución y privatizar la educación superior del país.

Como quiera, las filtraciones ya se están regando. Iupileaks.com abre el grifo destapando documentos, contratos e información relevante que ayuda a comprender los porqués de la crónica crisis que está hundiendo la universidad pública de este país. Por otra parte, los estudiantes no cesarán las protestas hasta que se sienten a dialogar una salida razonable al conflicto que promueva un nuevo proyecto universitario público y retiren la fuerza policial de los once recintos.

Los antecedentes de la Segunda Huelga 2010

Los campamentos de desobediencia civil que unieron a los once recintos de la UPR en la pasada huelga estudiantil paralizaron el Sistema UPR desde el 21 de abril al 21 de junio. Y aunque los acuerdos alcanzados en aquel momento no lograron impedir el aumento en la matrícula de $800, fue contundente la victoria del movimiento estudiantil con su ejemplo de organización y autogestión.

Los libros y el libre pensamiento se han convertido en una amenaza para la Administración de la UPR, el Gobierno de Puerto Rico liderado por Luis Fortuño, el Partido Nuevo Progresista y elementos privados ajenos a la gestión pública, respondiendo con una cínica propuesta de “universidad abierta ” en un lugar donde existía el libre acceso para la comunidad universitaria y el pueblo en general. El presidente de la UPR, De la Torre y la presidenta de la Junta de Síndicos, Igrí Rivera, fueron eliminando los portones de casi todos los recintos universitarios, apostando guardias y policías que requieren a todo el mundo poseer una identificación con foto para entrar y al mismo tiempo, levantaban una muralla de hierro en los predios del Jardín Botánico de la UPR, limitando el acceso a las oficinas de Presidencia, exponiendo la cruda realidad material e ideológica que permea en este conflicto.

Más información en:

Medios de comunicación independientes

Colectivo de Prensa Estudiantil

Iupileaks

Periódico digital UPR

Plataforma indymedia

Página web de la UPR

Informe final de la Middle Estates Comisson on higher eduaction, Agencia acreditadota de la UPR

Otros enlaces: www.estudiantesuprinforman.com

www.lanacionpr.wordpress.com

www.120palabras.wordpress.com

www.derechoalderecho.org

viernes, 28 de enero de 2011

NUEVO INGRESO 2011:CALENDARIZACION PARA ENTREGA DE MATRICULA ASIGNADA A LOS ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO 2011


DIA/ FECHA

CARRERA

MARTES DE FEBRERO

· DOCTORADO EN MEDICINA

· LICENCIATURA EN CIENCIAS JURIDICAS

· LICENCIA TURA EN BIOLOGIA

· LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA EDUCACION PARA PRIMERA Y SEGUNDOS CICLOS DE EDUCACIO BASICA.

· LICENCIATURA EN CIENCIAS DELLENGUAJE Y LITERATURA.

· LICENCIATURA EN CIENCIAS QUIMICAS

MIERCOLES 2° DE FEBRERO

· ARQUITECTURA

· INGENIERIA CIVIL.

· INGENIERIA EN SISTEMAS INFORMATICOS

· INGENERIA ELECTRICA

· INGENERIA INDUSTRIAL

· INGENERIA MECANICA

· INGENERIA QUIMICA.

JUEVES 3 DE FEBRERO

· LICENCIATURA EN ADMINISTRACION EMPRESAS.

· LICENCIATURA EN CONTADURIA PUBLICA.

· LICENCCIATURA EN MERCADEO INTERNACIONAL.

VIERNES 4 DE FEBRERO

· LICENCIATURA EN ESTADISTICA

· LICENCIATURA EN IDIOMA INGLES, OPCION ENSEÑANZA.

· LICENCIATURA EN PSICOLOGIA

· LICENCIATURA EN QUIMICA Y FARMACIA

· LICENCIATURA EN SOCIOLOGIA.

· PROFESORADO EN CIENCIAS NATURALES PARA PRIMERO Y SEGUNDO CICLOS.

· PROFESORADO EN EDUCACION BASICA PARA PRIMEROS SEGUNDOS CICLOS.

· PROFESORADO EN IDIOMA INGLES PARA TERCER CICLO DE EDUCACION BASICA Y EDUCACION MEDIA.

· PROFESORADO EN LENGUAJE Y LITERATURA PARA TERCER CICLO DE EDUCACION BASICA Y EDUCACION MEDIA.

· PROFESORADO EN MATEMATICA PARA TERCER CICLO DE EDUCACION BASICA Y EDUCACION MEDIA.

jueves, 27 de enero de 2011

A 3 AÑOS DE LA SANCION DEL TRIBUNAL DE ETICA GUBERNAMENTAL EL DECANO DE LA FMOCC Y LIDER DEL MAU ,MAL PRECEDENTE PARA FMOcc



El Tribunal de Ética Gubernamental amonestó a Jorge Mauricio Rivera, decano de la Facultad Multidisciplinaria de Occidente de la Universidad de El Salvador (UES), por contratar a parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad para que laboraran en la entidad que preside y se desempeña.

A partir de pruebas documentales, el tribunal estableció que el decano contrató a su sobrina Ana Lidia Posada Rivera, como laboratorista del área de Ingeniería, y a su cuñada, Ángela Azucena Ramírez de Rivera, como ordenanza.

Según el vicerrector académico de la UES, Miguel Ángel Pérez, el señalado aún labora en la institución.

El tribunal indicó que el decano violó los artículos 36 y 12 literal "n" del Reglamento General de la Ley Orgánica de la UES, que se refieren a la contratación, facultad que no tenía el sancionado.

Silvia Lizette Kuri de Mendoza, presidenta del Tribunal, afirmó que el proceso se inició por una denuncia interpuesta por René Alexander Contreras Peña, el 19 de abril del año pasado.

Contreras Peña indicó que Rivera también había contratado a un hijo y logró que una hija obtuviera media beca para la maestría de Administración Financiera, beneficio indicado sólo para docentes y personal que labora en la institución.

El primer caso fue desestimado porque la UES, previo a la denuncia del tribunal, había emitido un acuerdo de nulidad. Con respecto a la becaria, el entidad no procedió porque el denunciante no presentó las pruebas.

Además, en el caso de Ana Lidia Posada, la junta directiva de la facultad dejó sin efecto su contrato como laboratorista del Departamento de Ingeniería.

"El Tribunal de Ética emitió su resolución final el 14 de diciembre del año pasado. Después de eso, la ley dice que si la persona sancionada no está de acuerdo con la resolución puede interponer recurso de revisión ante el Tribunal. Lo hizo y emitimos una resolución en enero de este año en la que confirmamos la resolución de diciembre", detalló Kuri de Mendoza.

La funcionaria confirmó que el decano interpuso un recurso en la sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia. El máximo tribunal no les ha notificado de forma oficial.

El tribunal impuso una amonestación escrita, lo que corresponde por ley al ser la primera vez. La Asamblea General Universitaria (AGU) la tomó en cuenta y la anexó a su expediente.

Miguel Ángel Pérez, vicerrector académico de la UES, detalló que están a la espera del fallo final de la corte para determinar si abren un proceso para que haya resarcimiento por daño causado a la universidad.

"Ese caso ya está en la universidad desde la gestión anterior. Ya le habían abierto un expediente para investigar", sostuvo el funcionario.

Al cierre de la nota, el decano no había contestado las llamadas que hizo este medio.

Susana Joma Viernes, 14 de Marzo de 2008.

Fuente:http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6364&idArt=2179519